• Por Héctor Ghiretti*

¿Crisis en la impartición de justicia? Culpen a la formación de los abogados

En el vasto y descorazonador escenario de la institucionalidad disfuncional argentina, la justicia brilla con (lúgubre) luz propia. Platón sostenía que en la polis perfecta un orden justo y armónico hacía superflua la existencia de la ley y el derecho. En las últimas décadas, la Argentina ha ido desmontando su sistema judicial sin haber alcanzado por ello el elevado ideal platónico. El resultado parece claro.

El Dr. Héctor Ghiretti (der.) en una entrevista con Luis Hernández Martínez (izq.) en las instalaciones de la Universidad Panamericana (México, CDMX).

En pocos trazos, el estado actual de la justicia combina una estructura ineficaz y burocrática, magistrados poco idóneos cuando no venales -¡no todos, naturalmente!- y una legislación cada vez menos adecuada para resolver los conflictos, desequilibrios, violencias, delitos y crímenes que sufren los argentinos.

Sistema, personal, leyes: la crisis es general. ¿Es posible encontrar un hilo conductor, una articulación entre esos males, un origen común?

El Judicial es un poder corporativo: concebido jurídica e institucionalmente, gobernado y operado exclusivamente por abogados.

Si se quieren comprender las causas de la declinación del sistema judicial, resulta imprescindible indagar en la formación profesional que reciben nuestros hombres de leyes. Aquí pueden encontrarse las primeras pistas, el origen del problema.

La educación universitaria busca formar profesionales según parámetros de máxima y de mínima. El criterio de máxima, en el caso del Derecho, es la formación de hombres comprometidos con la promoción y defensa de la Justicia: el antiguo jurisconsulto del Derecho Romano. El criterio de mínima es la capacitación de técnicos capaces de ofrecer servicios profesionales de defensa de intereses en el contexto específico del ordenamiento jurídico: el simple jurisperito.

En otras épocas estos dos extremos se hallaban relativamente equilibrados, en razón de una mejor integración de los planes de estudio, que en su configuración clásica se componían de dos tipos de materias. Por un lado las teóricas, que instruían sobre los aspectos generales del Derecho, sus raíces filosóficas e históricas, su vinculación con la Ciencia Política, la Sociología y la Economía, su articulación con la Ética. Por otro, la enseñanza de las diversas ramas del Derecho, que apuntaban a la formación técnica jurídica.

En las últimas décadas las materias teóricas en la carrera de Derecho han acompañado la crisis de sentido que afecta en general a las Humanidades y las Ciencias Sociales, abismadas en debates epistemológicos (es decir, en torno a la posibilidad de producir y comunicar conocimiento verdadero) de los que se han mostrado incapaces de salir por sí mismas.

Estas tendencias fueron introducidas en el ámbito de la enseñanza del Derecho, que es una disciplina esencialmente práctica, orientada a la acción, no como debates o núcleos de desarrollo científico que servían para ampliar el espectro de conocimientos que ya proveían las antiguas materias, sino directamente como sustitutos. Si se quieren apreciar los efectos sociales erosivos de la crisis contemporánea de las Humanidades y las Ciencias Sociales, basta ver cuál es la formación que reciben los abogados.

En lugar de las viejas materias teóricas se les provee a los alumnos un amasijo de contenidos en los que se mezclan las teorías críticas del Derecho, diversos posestructuralismos, posmodernidades y deconstruccionismos, teorías de género, corrientes sociológicas en boga, etc.

Desvinculada del objeto que analiza, la crítica se convierte en ideología.

El problema no es exclusivamente argentino. Uno de los argumentos para relativizar el descrédito del controvertido Eugenio Zaffaroni es que posee un gran reconocimiento como académico en el extranjero. Este dato, no obstante, podría estar indicando, otra realidad: no tanto el prestigio del profesor Zaffaroni sino la profunda crisis en la que se encuentra el derecho penal en el mundo.

Es probable que el impacto de estas teorías sea más profunda en nuestro país, dada la alta sensibilidad de los académicos e intelectuales respecto de las tendencias y novedades del ambiente, sólo comparable al mundo de la moda.

A esto se agrega el hecho de que la complejidad creciente del propio Derecho, empujada por la positivización, ha llevado a que se le dediquen cada vez más asignaturas técnicas en desmedro de las teóricas. Menos y peor teoría, más técnica.

Mientras que las facultades siguen produciendo técnicos del Derecho aunque en formas cada vez más degradadas (basta ver la emergencia del carancho como tipo profesional dominante: su hábitat no se limita a los juzgados penales; los hay también en los grandes bufetes y los departamentos jurídicos corporativos) la posibilidad de formar profesionales comprometidos con la Justicia se ha perdido casi por completo.

Conocer las teorías críticas sobre el Derecho no equivale a saber Derecho. Los alumnos que muestran inclinación o vocación por la teoría jurídica y que son potencialmente el mejor fruto de las facultades de Ciencias Jurídicas, son persuadidos de que el Derecho es incapaz de servir a la Justicia, de contribuir a su realización. El resultado es la formación de académicos, magistrados, funcionarios y activistas que no creen en la función social del Derecho.

La interacción de "técnicos" y "críticos" del Derecho nos pone, desde el punto de vista de la Justicia, en el peor de los mundos posibles.

Es necesario aclarar que ni todas las escuelas de Derecho siguen esas tendencias, ni todos sus profesores son partícipes de esa declinación, ni se encuentra en sus aulas la suma de los males del sistema.

La formación de los abogados forma parte del colapso del sistema educativo que experimenta nuestro país. Esa crisis es más evidente en los ciclos básicos, como la primaria y la secundaria. Pero la situación no es menos grave en la educación superior. Las universidades se encuentran en un estado de decadencia sordo, invisibilizado, que no muestra su particular profundidad, entre otras cosas, por el mero hecho de que han ido perdiendo progresivamente su relevancia en el entramado institucional del país.

Ramón Doll, autor maldito de juventud anarquista y socialista, madurez nacionalista y peronista y vejez nazi y antisemita, sostenía en 1939 que la Argentina se hallaba sometida a una "oligarquía curialesca triangular": bufete-estrado (tribunales)-cátedra. Advertía el dominio incontestado que habían conseguido los abogados en esa República verdadera que vaticinara Alberdi.

Esta hegemonía es probablemente inevitable: en un contexto de democracia formal y Estado de Derecho, en el que las leyes y los procedimientos son los que estructuran y otorgan legitimidad al sistema, la profesión de abogado se revela como la más política, la que capacita mejor para el gobierno. Razón de más para replantearse muy seriamente su formación: en definitiva es la materia prima, no solamente del sistema judicial, sino también de la dirigencia política del país.

El autor es profesor de Filosofía Social y Política en Argentina; también es docente de los programas de posgrado en Derecho de la Universidad Panamericana. El artículo contiene reflexiones sobre el sistema jurídico de Argentina, pero con enormes coincidencias para el mexicano.

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