El objetivo de un puñado de servidores públicos es muy claro: ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). ¿La razón? “Resulta hipergarantista” y, por tal motivo (dicen), la delincuencia crece desmesuradamente en México. Falso e irresponsable su argumento.
De hecho, de lograr tan falaz propósito, en realidad retrocederíamos más de nueve años en materia penal y tendríamos que cantarle “Las Golondrinas” al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el “villano favorito” de algunos cuantos personajes de la administración pública mexicana.
¿Qué? ¿Y dónde está el problema? Coincido con el posicionamiento de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA): “Las fallas reales se encuentran en dos aspectos. Por un lado, la falta de capacitación de sus operadores (policías, peritos, fiscales y abogados) y, por otro, la desinformación a la ciudadanía” sobre las razones que justificarían la pretendida reforma, adicional a “los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos”.
Y sigo con los argumentos de la asociación civil (sin fines de lucro) que encabeza José Mario de la Garza Marroquín: “El nuevo Sistema, lejos de prohibir la prisión preventiva, la racionaliza, de manera que cualquier persona puede quedar sujeta a ella cuando las conductas delictivas lo ameriten".
A decir de la BMA, “el verdadero reto no es legislativo sino de capacitación para que los operadores del Sistema tengan en sus manos las herramientas necesarias para estar en aptitud de realizar investigaciones eficientes y sean capaces de argumentar a favor de la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar para que una persona enfrente su proceso”.
¿El beneficio para México? Un procedimiento más justo y transparente con el que se erradicarán el abuso y la extorsión. Tal es el posicionamiento de la BMA. Coincido con el Colegio.
* El autor es abogado, periodista, administrador, youtuber y blogger. Abogado certificado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y miembro de la Comisión de Derecho Penal de la BMA. También es profesor de posgrados en Alta Dirección, Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la UNAM, EBC, UP, La Salle, HC Escuela de Negocios y Alta Dirección Jurídica.