Nadie en el mundo empresarial niega que México mantuvo –y mantiene– su ventaja competitiva en el pago de salarios bajos a sus trabajadores. Cierto, no solamente. Y no en todas las industrias, no en todas las empresas.

Pero no es la generalidad que las compañías de nuestro país apuesten por fincar su liderazgo en conceptos como innovación, productividad, competitividad y estado de derecho. De ahí que no podemos ignorar que una parte importante de los directivos y empresarios de las maquiladoras de Matamoros (y de otras latitudes del país) tiene una gran responsabilidad sobre la precaria situación laboral que prevalece en decenas de compañías mexicanas (sí, tampoco es la única culpable).

Independiente del lado que estemos (de los intereses que se tengan), no podemos olvidar que la huelga es un derecho colectivo cuyo objeto es, entre otros propósitos, “conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital […]” y “exigir la revisión de los salarios contractuales […]”.

La huelga es el ejercicio legitimo para obtener a favor de los trabajadores mejores condiciones laborales o el cumplimiento de lo pactado por el patrón. Así que las huelgas no son el problema. Lo que ocurre en Tamaulipas es producto, entre muchas otras cosas, de décadas de complicidad y complacencia entre los servidores públicos responsables de las funciones de gobierno, empresarios y sindicatos.

¿Temor a las huelgas? No. ¿Por qué inquietarse ante el ejercicio de un derecho? Lo que sí debemos analizar con prudencia es quiénes promueven las huelgas (nombres y apellidos, antecedentes, duración en los cargos, beneficios que reciben…), cuáles son sus intereses (económicos, políticos, de grupo…) y por qué durante décadas los servidores públicos responsables de las funciones de gobierno y empresarios permitieron o consintieron una forma de actuar y operar que hoy les incomoda.

En tanto ocurre lo anterior, aquí algunos de los aspectos importantes relacionados con nuestro tema que comenzaron a revisarse por la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados (durante el periodo de sesiones que inició en febrero pasado) con respecto a una iniciativa que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (presentada el 22 de diciembre de 2018 por Morena):

• Nuevo procedimiento ordinario laboral uni-instancial a cargo de los tribunales pertenecientes al Poder Judicial Federal y Local.

• Fortalecimiento de la función conciliatoria, estableciéndola como un requisito prejudicial.

• Creación del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje (Centro) que tendrá a su cargo el registro de los contratos colectivos y sindicatos del país, así como la función conciliadora en el ámbito federal.

• Será requisito obligatorio para la celebración de los contratos colectivos la obtención por parte del sindicato de la “Constancia de Representatividad”, misma que será obtenida mediante el voto personal, libre y secreto de los trabajadores de la empresa. Dicha constancia será un requisito para emplazar a huelga.

• La directiva sindical será elegida a través del voto personal, libre y secreto; no habrá dirigencias vitalicias y sus miembros deberán rendir cuentas de su administración a los trabajadores.

• Los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse al menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la ley, con la finalidad de verificar que dichos contratos representan los intereses de los trabajadores de la empresa.

Quedaron fuera de la iniciativa varios temas (la subcontratación, la renuncia voluntaria del trabajador como causal de terminación de la relación de trabajo, entre otros), pero no descartemos que serán discutidos por la Cámara de Diputados, de una forma u otra. Hoy, no tengo duda, podemos decir que 2019 será el año del derecho laboral (ahí están los despidos que ocurren todos los días a lo largo y ancho del país como botón de muestra).

* El autor es abogado, periodista y administrador. Chief Marketing Officer en diferentes organizaciones y miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA). Profesor de posgrados en Alta Dirección, Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la UNAM, Universidad Panamericana, HC Escuela de Negocios y Alta Dirección Jurídica. También forma parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE Colegio).