El fin de semana que recién terminó, José Mario de la Garza Marroquín, Presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y Juan José Serrano Mendoza, Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Barra Mexicana (FBM) informaron que ambas organizaciones decidieron “representar legalmente, Pro Bono, a un grupo de familiares que lamentablemente sufrieron pérdidas personales el pasado 19 de septiembre en el colegio Enrique Rébsamen”.
Tanto De la Garza como Serrano coincidieron en que “uno de los fines de la Fundación Barra Mexicana es ser un vehículo de los ciudadanos para acceder a la impartición de justicia. Es por ello que comprometidos con el Estado de Derecho en nuestro país, y su debida aplicación en los distintos niveles de gobierno, específicamente en la Ciudad de México”, las dos instituciones tomaron el asunto enclavado en la delegación Tlalpan. Mis felicitaciones para ambas organizaciones que, por cierto, trabajan todos los días sin fines de lucro.
Pero el impacto de la defensa Pro Bono va más allá del ámbito legal. Tiene la fuerza de trastocar otros aspectos como el social y el político. En el caso del colegio Enrique Rébsamen no es la intención de la BMA hacerlo, tampoco de la FBM, aclaro. Aunque como ciudadano de a pie (y abogado) opino que las autoridades directa o indirectamente responsables (ya sea en el pasado o en el presente) de la tragedia ocurrida en el mes de septiembre tienen que recibir su castigo (la culpa –deseo– que no recaiga en chivos expiatorios).
Y no hablo solo de una justicia penal o administrativa. Si el costo de la irresponsabilidad de los servidores públicos involucrados es salirse de la carrera política, entonces también tienen que pagarlo. ¿Por qué? Porque no son capaces de cumplir cabalmente con sus obligaciones. Porque ya quedó claro que la seguridad de la población (en sentido amplio) no les importa, no les interesa, les tiene sin cuidado. ¡Les vale!
* El autor es abogado, periodista, administrador, youtuber y blogger. Abogado certificado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA) y miembro de la Comisión de Derecho Penal de la BMA. También es profesor de posgrados en Alta Dirección, Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la UNAM, UP, La Salle, EBC, HC Escuela de Negocios y Alta Dirección Jurídica.