Según los analistas, la reforma eléctrica propuesta por el Ejecutivo no solo limitaría el acceso a energías limpias, sino que también tendría un impacto en el aspecto contractual con las empresas que hayan celebrado actos jurídicos en general con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o con sus empresas productivas subsidiarias y filiales, pues implicaría la cancelación abrupta e injustificada de los contratos; lo que a su vez daría pie a diversos incumplimientos.
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